La Confederación del Duero da luz verde al agua para la macrogranja de porcino de El Burgo Ranero
El organismo propone conceder el uso de agua subterránea a la explotación pese a la oposición de vecinos, juntas vecinales y el propio Ayuntamiento. Hay 15 días para presentar alegaciones.
El proyecto de granja intensiva de cerdos en El Burgo Ranero ha superado uno de sus trámites clave. Según informa Sahagún Digital, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido una propuesta de resolución favorable a conceder a la promotora Danakil Studios y Proyectos el uso de aguas subterráneas que solicitaba. El organismo sostiene que la masa de agua de la que se extraerá el caudal está en buen estado y que el volumen pedido no perjudicará a otros usuarios con derechos preferentes.
La concesión se plantea por 30 años y autoriza sacar hasta 29.762 metros cúbicos anuales, a través de un sondeo de 100 metros de profundidad en el paraje de Las Mostaliegas. El agua abastecería una explotación de multiplicación pensada para 2.640 cerdas con lechones, 500 hembras de reposición y 6 verracos.
La decisión choca con la oposición que se había organizado en la comarca. Durante la fase de información pública se presentaron alegaciones de colectivos, particulares, grupos políticos y ocho juntas vecinales: Villamuñio, Reliegos, Las Grañeras, Santa Martas, Calzadilla de los Hermanillos, Villamizar, Villacintor y Villamarco. El propio Ayuntamiento de El Burgo Ranero mostró formalmente su rechazo por los posibles riesgos ambientales, los malos olores y el impacto en la economía y el turismo locales.
Los opositores advertían del riesgo de contaminación por nitratos y bacterias en el acuífero que abastece a decenas de pueblos del sureste leonés, y recordaban la cercanía de la explotación al Camino de Santiago y a una calzada romana. El Servicio Instructor, según recoge Sahagún Digital, ha desestimado esos argumentos: alega que la Junta de Castilla y León ya emitió este año una Declaración de Impacto Ambiental favorable y que las cuestiones sobre olores o patrimonio corresponden a la Junta y al Ayuntamiento mediante las licencias de actividad.
La Confederación acompaña la autorización de una serie de condiciones. Prohíbe esparcir purines sobre las zonas protegidas de abastecimiento humano y en las bandas de cinco metros junto a ríos, arroyos o lagunas; obliga a situar las balsas de residuos a un mínimo de 100 metros de los humedales y de 200 metros de pozos o manantiales de consumo público; y exige instalar tres piezómetros de control para vigilar el subsuelo y detectar posibles fugas. Los afectados disponen ahora de 15 días para revisar el expediente y presentar alegaciones.